Por los usuarios y vecinos estuvieron presentes el Dr. Fabián Cáceres, representando a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y el Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo Dr. José Porfirio García, junto al Asesor Legal Leonardo Sánchez. La empresa hizo saber que, en el día de la fecha, se abonará el bono de $32.000 a cada uno de los trabajadores y en relación a las diferencias salariales que surgen de los meses de abril, mayo y SAC primer semestre 2023, se peticionó un cuarto intermedio por un plazo prudencial que permita la elaboración de una propuesta de cumplimiento posible. 

El ofrecimiento fue aceptado por los Representantes de UTA y con lo cual se acepta el cuarto intermedio requerido, no fijándose nueva fecha de Audiencia, con lo cual, se espera encontrar las soluciones para las deudas existentes. En esta instancia, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, hemos reiterado al Ministerio de Economía y de Transporte de Nación, “que se pongan en práctica medidas urgentes para evitar que el grueso de los subsidios al transporte vayan a empresas del AMBA en prácticamente un 80% y que el 20% únicamente se continúe destinando para el Interior del País”. 

Es que, mediante el régimen de compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros -nombre formal de los subsidios- el Estado Nacional les otorga a las empresas del sector una determinada suma de dinero mensualmente, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos. Este sistema subsidia a la oferta: es decir, se transfieren recursos a las empresas privadas, a título de resarcimiento tarifario, como forma indirecta de compensar a los usuarios.

En tanto, un subsidio a la demanda consistiría en descontarles directamente a los usuarios -a través de la SUBE, por ejemplo-, la diferencia entre el costo real del transporte y la tarifa subsidiada. Anteriormente, el reparto de los subsidios se realizaba a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas, que le informaban al Estado la cantidad de usuarios transportados.

En el 2013 el Gobierno Nacional estableció una nueva metodología que define el reparto de acuerdo con los costos de las empresas y la cantidad de pasajeros transportados. En 2015, en tanto, comenzaron a utilizarse los datos de la tarjeta SUBE para definir con mayor exactitud la cantidad de personas que utilizan el servicio, y este es el sistema que se aplica hoy.

Los subsidios se reparten a cada empresa de la siguiente manera: El sistema divide a las empresas en 7 grupos, según la región en la que se encuentren: Distrito Federal (líneas que sólo funcionan dentro de la Ciudad de Buenos Aires); Suburbano I (líneas que unen la CABA con algún partido del Conurbano); Suburbano II (unen la CABA con Cañuelas, Pilar, La Plata, Luján, Zárate); Interurbanas provinciales (líneas de jurisdicción nacional que atraviesan más de una provincia); Provinciales (líneas que unen a ciudades del Conurbano); y Municipales I y II (líneas que funcionan en grandes ciudades de la Provincia de Buenos Aires). 

Cada una de estas divisiones cuenta con una estructura diferente de costos, que es actualizada por el Estado de forma periódica. Para calcular los ingresos de las empresas, en tanto, el Gobierno toma en cuenta los datos de la SUBE y define cuántos pasajeros son transportados en cada región, la recaudación por la venta de boletos y los kilómetros recorridos, entre otras variables. 

En el resto del país, en tanto, al no contar con los datos de la SUBE el reparto se sigue realizando a través de las declaraciones juradas de las empresas, que informan los servicios que prestan, las unidades utilizadas y los pasajeros transportados. Por último, las diferencias que siempre existen entre el Gobierno Nacional y las Empresas de Transporte, se encuentran en el cálculo de los costos operativos del servicio. Mientras que el Gobierno Federal las fija a través de Resoluciones Periódicas, los dueños de las empresas, sostienen que los cálculos se hacen con valores atrasados y eso implica una pérdida en sus ingresos.