El funcionario se vio afectado porque habían filtrado el número personal y, el Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el proceso de prueba de los 10 imputados en la casa por múltiples amenazas contra y les impuso una realización de 130 y 150 horas de tarea comunitaria.

Asimismo, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil “Pequeños Pasos” por montos entre $20 mil y $200 mil pesos.

El hecho fue en septiembre del 2020 cuando el actual ministro era presidente de la Cámara de Diputados y su pareja, Malena Galmarini, había recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como WhatsApp luego de la viralización.

Se conoció que los responsables son: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.

De esta manera, consideraron que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los 10 imputados y se resolvió que las obligaciones sean hasta dos años y seis meses.

La Fiscalía explica que "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad". A parte del dinero a abonar a la Asociación Civil, entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes de amenazas, las tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.