Por otra parte, el Director Ejecutivo Local del PAMI Formosa, Brizuela Héctor Adrián, documentó a la Defensoría del Pueblo, que no existen atrasos en el pago a las farmacias.

La Defensoría del Pueblo denunció que, desde el pasado 1 de septiembre, el PAMI dejó de cubrir al ciento por ciento una lista de 44 medicamentos, lo que les significa a los jubilados pagar entre 50 y 170 mil pesos más por mes, como resultado, el vademécum de la obra social sufrió modificaciones; en su lugar, pusieron a disposición una solicitud de excepción para determinados productos.

La decisión de esta obra social de recortar la cobertura del 100% a gran parte de los remedios, por ejemplo, antivirales, corticoides, antidepresivos, vasodilatadores o aquellos para el tratamiento de la artritis o de la piel, está causando que nuestros Adultos Mayores no puedan adquirir los mismos, por no poder pagarlos y deben entonces seleccionar que medicamentos comprar.

Las personas mayores ya habían pasado de tener 6 medicamentos gratis por mes a 5, además, perdieron el beneficio -PVP PAMI- (precio de venta al público), sobre un listado de medicamentos que ahora son de “uso eventual” que abarca unas 54 monodrogas.

 El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el PAMI no ha informado de estas medidas a sus afiliados y quienes deben enfrentar esta difícil situación son los farmacéuticos, dado que la mayoría de los medicamentos que perdieron el copago (beneficios) del 60%; hoy deben ser pagados sin ninguna asistencia. Agregó que, “hemos interpuesto un -Pedido de Informes- al Director del PAMI, Dr. Esteban Leguízamo, sobre la quita de cobertura de medicamentos para los jubilados, toda vez que el mercado no lo regula todo y está sucediendo en los hechos, que los jubilados deben -elegir sus remedios, optando entre comer o tomar los mismos-, configurando esta situación, en un abandono de persona, que se pretende justificar ante un supuesto déficit cero, como política pública por parte del Gobierno Nacional, Instándose a las Autoridades Competentes a una urgente revisión de las disposiciones que restringen o eliminan los descuentos de esta importante obra social que brinda servicios a más de 5 millones de personas en todo el país”.