Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, concretaron en el día de la fecha en horas de la mañana y luego del mediodía, sendas -Actas de Constatación- en el domicilio real de la Empresa Crucero del Sur Agrupación. En este sentido, los Asesores Legales Sánchez Leonardo Oscar y Martín Rodrigo Parajón, fueron recibidos por la Contadora de la Empresa María Valeria Pujol, “quien informó que César Aguirre Gerente de la Firma, se encontraba gestionando la obtención de un préstamo para abonar el 50% de los haberes adeudados a todo el personal”.

Al mismo tiempo, se dejó constancia que este martes, “fueron depositadas las sumas correspondientes al 50% de los haberes del periodo noviembre 2023 a la totalidad de los choferes y empleados de Crucero del Sur Agrupación”.

Se dejó constancia además que los antes citados se encuentran en el predio de la empresa, “pero se niegan a brindar el Servicio de Emergencia previsto en la Ordenanza Municipal Nº 2143/89, Art. 38 apart. P”.

Al mismo tiempo, el Secretario General de UTA Delegación Formosa, Diego Fabián Mendoza, adjuntó una nómina de 400 personas dando así cumplimiento al Fallo Judicial ordenado por la Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº, 6 Dra. María Lourdes Leliur, “señalando el mismo que no se responsabiliza de la voluntad o no de cada uno de los mismos para manejar los vehículos, ya que, están ejerciendo su derecho a huelga, amparado constitucionalmente y de naturaleza alimentaria”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, “la semana pasada se le pagó a Crucero del Sur Agrupación 46 millones de pesos en concepto de Fondo Compensador y Atributos Sociales” y que este martes las Áreas Competentes del nuevo Gobierno Nacional, deberían emitir los dictámenes correspondientes, para recién el día jueves, aprobar las rendiciones necesarias y a partir de allí, “se estará en condiciones de conocer si se van a girar o no, las compensaciones o subsidios al transporte público de pasajeros de Formosa”.

Consultado sobre la conducta que llevan adelante los Gremios tanto de UTA como UCRA, señaló que deben cumplir con los Fallos Judiciales que fueron dictados para proteger a los sectores más vulnerables y que necesitan realmente el transporte público, por lo que, resta ahora las aplicaciones de sanciones económicas a los mismos, hecho este que no representa una solución para la gente.

Agregó que, la Municipalidad de la Ciudad en su carácter de Poder Concedente, “tendrá que de manera urgente tomar una decisión de fondo, que no puede prolongarse en el tiempo, pues lamentablemente estamos asistiendo a un conflicto sindical cuyas gravísimas consecuencias recaen en los estratos sociales más débiles y que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones diarias, situación esta que los deja sin sus magros ingresos que son destinados a la adquisición de alimentos, entre otros productos”; a lo que se le suma que durante todo el año existieron numerosas medidas de fuerza, ofreciéndoseles a los usuarios, que pagan sus pasajes, un servicio de transporte altamente deficiente e irregular.