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SOCIEDAD

24 de marzo de 2023

Fueron 30.400: las víctimas del terrorismo de Estado del colectivo LGBTIQ+

La memoria no puede ser meramente heterosexual, las personas LGBTIQ+ fueron una de las comunidades más vulneradas durante las dictaduras militares. Siempre hubo persecución, antes y después. Por eso, fueron 30.400.

La última dictadura cívico militar, que depuso los tres poderes constitucionales aquel 24 de marzo de 1976, se autodenominó como "Proceso de reorganización nacional" y sentó sus bases en la familia heterosexual cristiana. Se reprimió, censuró, encerró y desapareció a miles de personas. Sin embargo, la cifra final que deriva de los registros no tiene en cuenta a las personas gays, lesbianas, bisexuales, travesti-trans, intersexuales y otros colectivos por fuera del mundo cisheterosexual. Por eso, las organizaciones LGBTIQ+ reiteran, marcha tras marcha, que la memoria no es un privilegio heterosexual, y que les desaparecides son en realidad 30.400.

 

 

 

¿Por qué 30.400?

 

Si bien 400 es un número simbólico, investigadores e historiadores del colectivo estiman que el número ronda entre 400 y 600 personas.

 

Se considera el origen de este número divulgado en el libro del activista histórico Carlos Jáuregui, La homosexualidad en Argentina, publicado en 1987. Más tarde, en 1996, en una columna de la revista NX, Jáuregui detalló: “Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshal Meyer, miembro integrante de la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), creada durante el gobierno radical, expresó en 1985 a quien esto firma, que la Comisión había detectado en su nómina de diez mil personas denunciadas como desaparecidas, a cuatrocientos homosexuales. No habían desaparecido por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba el rabino, había sido especialmente sádico y violento, como el de los detenidos judíos”.

 

El concepto de los “cuatrocientos homosexuales” se traducía, en realidad, en identidades y orientaciones por fuera de la heterosexualidad.

 

 

 

Reparación histórica y memoria

 

Carolina Boetti, peluquera y actriz oriunda de Rosario, fue la primera mujer trans en el país en recibir una pensión como “ex presa política” de la última dictadura militar en 2018. Ese mismo año, la provincia de Santa Fe otorgó, también, cerca de 25 pensiones a otras mujeres trans en la misma condición que Boetti. El beneficio se entiende como reparación histórica a presos políticos según la ley provincial N° 13.298, al entender que fue víctima de “persecución y privada ilegítimamente de su libertad” durante aquellos años “en razón de su identidad de género”.

 

Valeria del Mar es travesti y estuvo secuestrada en el centro clandestino Pozo de Banfield.

 

Ivanna Aguilera es también una sobreviviente trans. La secuestraron en mayo del 76 a la edad de 13 años, junto a otras compañeras. Estuvo detenida en el Batallón 121, donde vivió múltiples violencias.

 

 

Lo que le ocurría a las personas LGBTIQ+ a menudo era el mismo relato: violación, abuso sexual (hasta grupal), genitalidad picaneada, golpizas y todo tipo de humillaciones, acompañadas de insultos tales como "maricón, puto, degeneradx, enfermxs, hay que matarlos de chiquitos".

 

Además, les sobrevivientes indicaron que en los centros clandestinos de detención tenían pabellones donde volcaban especfícamente a las personas LGBTIQ+. Y muches de elles no llegaron con vida a ver el fin de la dictadura.

 

No obstante, el fin de la dictadura no significó la llegada de la democracia para el colectivo. Lejos de ello, siempre hubo persecución policial. Antes y después. Valiéndose de los edictos policiales y contravenciones, la policía violentaba constantemente a la comunidad. Aquello se extendió hasta cerca del nuevo milenio.

 

 



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