La declaración jurada anual del ministro de Desregulación reveló bienes por $2.371 millones al cierre de 2024.
EL dato más sensible de la presentación está fuera del país. En la versión pública de la DDJJ aparecen dos partidas bajo el rubro “Depósitos de dinero en el exterior – OTRAS” por $23.749.330,29 y $1.424.187.882,18 al cierre del período. Sumadas, totalizan $1.447.937.212,47.
Si se toma el tipo de cambio de referencia del BCRA del 30 de diciembre de 2024, de $1.032,50 por dólar, esa masa equivale a US$1.402.360,50. El formulario visible no identifica banco, país ni instrumento específico: los fondos quedan descriptos, simplemente, como “OTRAS”.
Más datos
La declaración también muestra movimientos concretos dentro del año. Entre los bienes al cierre figura un departamento en la ciudad de Buenos Aires, con 50% de titularidad, incorporado el 9 de diciembre de 2024, por $116.437.500.
A eso se suma una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024, ingresada al patrimonio en julio, por $32.490.000. Además, el ministro mantuvo otros inmuebles en Martínez, CABA, Villa La Angostura y La Plata, junto con una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26.350.000.
Otro punto que asoma en el mapa patrimonial es la continuidad de Un Ombu S.A.S. La sociedad aparece valuada en $10.700 tanto al inicio como al cierre del período. Pero detrás de ese nombre hay una estructura mucho más amplia: fue constituida el 18 de octubre de 2018 por Federico Adolfo Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, en la ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 99 años y un capital inicial de $21.400.
En la DDJJ anual 2024, además, figura al inicio un crédito denominado “CP Un Ombu SAS” por $4.394.479,62. La combinación entre una valuación societaria mínima, un objeto social casi sin fronteras y un crédito vinculado convierte a Un Ombu en uno de los rincones menos visibles de la declaración.
El objeto social de la firma es extraordinariamente amplio. Según surge del instrumento de constitución, la sociedad fue habilitada para operar, por cuenta propia o ajena, en actividades agropecuarias, comunicaciones, espectáculos, editoriales, industrias manufactureras, cultura y educación, desarrollo tecnológico, software, gastronomía, hotelería, turismo, negocios inmobiliarios y construcción, inversiones, finanzas y fideicomisos, además de petróleo, gas, minería, energía, salud y transporte.
El texto también le otorga capacidad para realizar aportes de capital, celebrar contratos de colaboración, comprar y vender títulos y valores, y tomar u otorgar créditos, con excepción de las actividades reguladas por la ley de entidades financieras.
El resto de la cartera exhibe, además, un perfil marcadamente financiero. Al cierre figuran títulos públicos y otros activos como GD35 por $351.280.184,64, GD29 por $27.073.895,52, GD38 por $22.220.120, Discount $ por $30.823.942,50, un fondo común de inversión FBA Renpea por $11.341.711,32, créditos impositivos por $26.660.790,82 y $22.137.453,24 en efectivo en dólares en el país. También declaró deudas al inicio por $6.026.341,90 y al cierre por $6.864.732,07, entre ellas una obligación en el exterior con HEC por $2.415.865,74.
La fotografía patrimonial adquiere relieve político al contrastarla con el discurso del propio Gobierno sobre los dólares argentinos fuera del sistema. El 8 de mayo de 2025, durante el Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei planteó que buscaba que esos ahorros entraran “adentro del sistema” y reivindicó a quienes tenían dólares “en el colchón” como los “héroes” que podían empujar la recuperación.
Dos semanas después, al anunciar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno sostuvo que los ciudadanos podrían disponer libremente de sus ahorros sin tener que justificar de dónde los sacaron de manera permanente. En esa misma discusión, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una aclaración decisiva: dijo que tener dólares en el exterior está permitido y que quien quiera mantenerlos afuera puede hacerlo.
La DDJJ anual 2024 de Sturzenegger deja, así, una doble postal. Por un lado, muestra una suba patrimonial de casi $970 millones en un solo año. Por el otro, exhibe que una porción central de sus bienes siguió radicada en partidas identificadas públicamente solo como depósitos en el exterior, en medio de un relato oficial que alentó a los argentinos a volcar sus dólares al sistema local.
La declaración no permite inferir irregularidades por sí sola, pero sí abre un foco de interés público sobre el volumen de esos activos, el nivel de detalle visible y la distancia entre el mensaje político del Gobierno y la foto patrimonial de uno de sus ministros más influyentes. (noticiasargentinas)