La causa que investiga el femicidio de Romina Ibarra atraviesa una etapa crucial signada por la incertidumbre, la angustia familiar y la parálisis de los plazos procesales.
Tras haber sido fijada originalmente para el pasado 18 de agosto, la esperada audiencia de debate oral y público fue suspendida indefinidamente como consecuencia de un cambio de estrategia formalizado por la defensa oficial del acusado, la cual solicitó la realización prioritaria de una junta médica evaluadora.
En el marco de una entrevista concedida al programa «Algo Está Pasando», emitido diariamente por la sintonía de FM VLU 88.5 perteneciente al Grupo de Medios TVO, Cynthia Ibarra, hermana de Romina y parte querellante en las actuaciones judiciales, brindó detalles precisos sobre el estado del expediente y manifestó el profundo malestar que embarga a su entorno ante lo que consideran un claro ardid para dilatar la imposición de una condena.
Maniobras dilatorias de la defensa y la solicitud de pericias
El esquema procesal se vio alterado en las vísperas de la fecha estipulada para el inicio del juicio. Según explicó Cynthia durante el diálogo radial, la designación de un nuevo defensor oficial reestructuró la postura legal del imputado, derivando en la presentación de un recurso para evaluar su capacidad psiquiátrica y psicológica de cara al proceso penal.
«No tenemos fecha porque el imputado hizo cambio de abogado defensor oficial y presentaron para hacer una junta médica. Se le dio lugar. Teníamos tres días de plazo para presentar un escrito a lo que mi abogado responde para poner un perito de parte y que esté dentro de la junta médica que se va a realizar», detalló la querellante, confirmando que la querella ha tomado los recaudos necesarios para fiscalizar de manera directa el examen profesional.
Al indagar sobre el alcance e impacto de esta junta médica dentro del engranaje judicial, la hermana de la víctima remarcó que la medida no aporta elementos sustanciales a la investigación de fondo, sino que responde a un imperativo legal activado en beneficio exclusivo del procesado.
«El juicio estaba cerrado. En realidad, es importante para el imputado que se haga esto. Él tiene el derecho según el artículo 69 del Código Procesal Penal Provincial para ver si está o no en condiciones de llevar a cabo el juicio», precisó Cynthia, aclarando que la evaluación abarca aspectos estrictamente psicológicos y psiquiátricos: «Es mental, mental. Le hacen una pericia psiquiátrica, psicológica».
Un expediente cerrado y un volumen probatorio abrumador
Frente a la posibilidad de que la defensa intente alegar un cuadro de inimputabilidad o insanía sobreviniente para esquivar el banquillo de los acusados, la querella contrapone los informes forenses oportunamente elaborados tras el arresto inicial del sospechoso. Dichos estudios arrojaron conclusiones categóricas respecto a su estado cognoscitivo al momento de ejecutar el crimen.
«Durante el proceso, cuando le hicieron las pericias ni bien fue aprehendido, salió que estaba lúcido. Él lo hizo consciente», enfatizó Cynthia, echando por tierra la pretensión de excusarse en una supuesta alteración mental sobreviniente durante la tramitación de la causa.
La estrategia del acusado busca incidir directamente en la tipificación penal del hecho y en la magnitud de la sanción a recibir. Sin embargo, la querella —asistida profesionalmente por los abogados Pedro Vargas y Mayra Nadir Sosa— mantiene una postura férrea al respecto.
«Primero pedía la reducción en la pena mínima que serían 10 años. Nosotros nos opusimos a eso. Tampoco se le puede dar por la gravedad, ante la carátula que tiene: homicidio doblemente calificado por el vínculo y además por mediar violencia de género, que sería en este caso el femicidio», aseveró la entrevistada.
La solidez del cuadro probatorio reunido a lo largo de la etapa de instrucción penal convierte a la investigación en una de las causas con mayor contundencia material y testimonial acumulada de la jurisdicción. Según la querella, los elementos acumulados resultan irrebatibles.
«Nuestros abogados, el doctor Vargas Pedro y la abogada Sosa Nadir Mayra, están llevando a cabo todo el tema de lo penal y el Tribunal de Familia. Se encargan de eso. Ya estaba todo cerrado para hacerse el debate oral y público el 18 de agosto. Ya están las pruebas, hay testigos, hay cámaras de los vecinos, hay mensajes de texto donde el imputado pide perdón por lo que hizo. Así que yo no sé qué más necesita saber la justicia para llevar a cabo el juicio», manifestó categóricamente Ibarra.
Garantías procesales versus el clamor de justicia familiar
El panorama que enfrenta la causa abre una profunda reflexión sobre los plazos del sistema de administración de justicia y el uso de los instrumentos procesales como mecanismos de dilatación. Si bien el ordenamiento legal contempla garantías constitucionales para los imputados, el ejercicio sistemático de tecnicismos genera un severo desgaste emocional en las familias de las víctimas de violencia machista.
En el plano normativo provincial, la facultad de requerir juntas médicas de evaluación psiquiátrica constituye un derecho procesal incontestable. No obstante, en causas con antecedentes de plenitud facultativa comprobada en peritajes primarios y con una acumulación de evidencias de la envergadura descrita —que abarca registros audiovisuales privados, testimonios directos de allegados y la explícita confesión documental por mensajería electrónica—, el margen para la especulación legal genera un natural rechazo social.
Proximidad del receso judicial y la exigencia de condena ejemplar
Considerando la extensión temporal que insume la conformación de una junta médica colegiada, la fijación de puntos de pericia, la notificación formal a los peritos de parte y la posterior elaboración del dictamen técnico, la posibilidad de sustanciar el juicio oral en el corriente año de calendario judicial resulta sumamente remota.
«Creeríamos que este año ya el juicio no se va a hacer», admitió con evidente consternación la hermana de Romina, ante la inminencia del cierre del ciclo judicial anual.
A pesar de los obstáculos formales y los plazos administrativos del Fuero Penal, la familia Ibarra mantiene firme su reclamo y apela a las autoridades judiciales a imprimir celeridad para evitar que la causa quede en una gravosa indefinición temporal.
«Lo que exigimos como familia es que se haga pronto, que no se dilate más la situación y que sea una condena ejemplar, que sería la prisión perpetua para nosotros», concluded Cynthia durante la emisión radial, dejando asentado la exigencia intransigente de un fallo que otorgue una respuesta justa a la memoria de Romina Ibarra y un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia de género en Formosa.
Fuente: expresdiario