Tras dar marcha atrás con la extranjerización de la tierra, el oficialismo consiguió aprobar en Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, cambios a la ley de expropiaciones y la restitución de la norma que limita al 15% la venta de tierras rurales a extranjeros. Por esta modificación, la iniciativa deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva.
La marcha atrás del Gobierno sobre la extranjerización de la tierra quedó expuesta en la votación de este miércoles en Diputados. Mientras el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprobó con lo justo, por 124 votos contra 119 y 6 abstenciones, el capítulo que restituye la Ley 26.737, sancionada en 2011, reunió un respaldo casi unánime: 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.
La modificación introducida en Diputados alteró el texto que había aprobado el Senado, por lo que la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión y aprobación definitiva.
Votaron contra la restitución de la Ley de Tierras dos diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes. En tanto, se abstuvieron los diputados de la izquierda, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Marcela Pagano.
El oficialismo consiguió un magro respaldo para la iniciativa de Federico Sturzenegger. Incluso, algunos diputados advirtieron que, si las seis abstenciones —cinco correspondientes a diputados cordobeses y la restante al larretista Álvaro González— se hubieran convertido en votos negativos, el Gobierno podría haber sufrido una derrota.
Durante el debate, los bloques opositores repasaron el derrotero de la norma en las últimas semanas: el intento de derogarla mediante el DNU 70/23, su posterior suspensión judicial y la insistencia del Gobierno en eliminar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros a través del proyecto original de Federico Sturzenegger. La masiva movilización popular obligó luego a Patricia Bullrich a retirar ese capítulo durante el tratamiento en el Senado.
La reacción tras el sorpresivo fallo de la Corte Suprema
La discusión volvió a cambiar de rumbo cuando la Corte Suprema emitió dos fallos en la misma semana, con decisiones contrapuestas sobre la vigencia de la Ley de Tierras. El primero, que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, impulsó a la oposición a buscar el rechazo del megadecreto. En ese contexto, el oficialismo incorporó la restitución de la norma al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que permanecía sin avances desde agosto.
“Vuelven a la ley del peronismo”, cuestionó el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, en referencia a la restitución de una norma sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En la misma línea, la diputada Paula Penacca apuntó contra el cambio de postura de La Libertad Avanza: “Es una sesión paradigmática para el oficialismo: el bloque de La Libertad Avanza va a levantar la manito para aprobar una ley que Milei quiso hacer pelota dos veces, en el DNU 70 y en el proyecto original de Propiedad Privada. Si les creyéramos, les daríamos la bienvenida a la defensa de la soberanía, pero no les creemos nada”.
El giro también quedó expuesto en la defensa oficialista del proyecto. Santiago Santurio, miembro informante del dictamen, no hizo ninguna mención a la restitución de la Ley de Tierras durante su exposición.
Quedó poco de la versión original del proyecto de Propiedad Privada que mandó Federico Sturzenegger. La motosierra llegó a la iniciativa del ministro desregulador por primera vez en el Senado y se consolidó en Diputados con la restitución de la Ley de Tierras.
“Pretendían llevarse puesta la ley de tierras, la ley de integración socio urbana de los barrios populares y la ley de manejo del fuego”, señaló el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, al repasar los aspectos que quedaron afuera durante el tratamiento en la Cámara alta. “Quedó bastante poco de aquel disparate de Sturzenegger”, agregó.
Desalojos exprés y cambios en las expropiaciones
Entre los puntos que sí sobrevivieron a los cambios se encuentran los desalojos exprés y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El texto busca reforzar las garantías de los propietarios y restringir las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar sobre un bien privado.
En materia de expropiaciones, establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública y exige que el Estado justifique que la medida es necesaria, proporcional y la única herramienta adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. También dispone que el inmueble no podrá ser tomado hasta que se haya pagado la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse.
En cuanto a los desalojos, el proyecto apunta a acelerar los procedimientos para que los propietarios recuperen sus inmuebles. Entre otras disposiciones, habilita a un juez a ordenar la restitución antes de que finalice el juicio en casos de ocupación ilegítima. A pedido del propietario, podrá intimar la devolución en un plazo de 72 horas, siempre que se acredite documentalmente la titularidad del bien.
Para los desalojos por falta de pago, en cambio, la intimación deberá otorgar un plazo de al menos diez días. La iniciativa también agiliza las notificaciones y amplía las facultades para ejecutar los lanzamientos.
El texto conserva algunas garantías para personas en situación de vulnerabilidad: en esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes y podrá otorgar hasta diez días para encontrar una solución habitacional transitoria. Además, antes de iniciar una demanda por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar previamente al inquilino. (c5n)