La investigación la llevan adelante el titular del Juzgado Federal Nº 1, Guillermo Molinari, y la fiscal, Indiana Garzón. También, interviene la Secretaria de Derechos Humanos por Violencia Institucional, Ana Karina Farías.

En las últimas horas del miércoles se confirmó la detención de seis gendarmes: 2 en Pinto (Aguirre), 2 en Quimilí (Moreno) y 2 en la Capital santiagueña. Ellos serían, Cristian Germán Torres, primer alférez; Agostina Magalí Rodríguez, subalférez; Marcelo Alejandro Cardozo, sargento ayudante; Roberto Oscar Ricalde, sargento; Héctor Darío Buera, sargento y Fabián Edgardo Solís, cabo 1º.

También habría sido detenido el civil Franco Javier Laviña y dos más, de apellidos Nazar y Soria Mazarelli, cuya abogada, Aída Farrán Serlé, garantizó ayer sus presentaciones a primera hora de hoy: "Uno se encuentra internado y el otro este jueves será llevado a Gendarmería", señaló la abogada. Todo se precipitó a las 8 de la mañana. Una comisión de gendarmes fue enviada a destinos en capital, Monte Quemado, Pinto y Quimilí.

Pese al hermetismo general, trascendió que Molinari y Garzón investigan delitos como "cohecho, coimas, robo y extorsión", figuras atribuidas al parecer a una docena de gendarmes. Sobre el final de la jornada continuaban los allanamientos. Algunos gendarmes eran presentados ante la justicia por abogados particulares.
 

Los expertos confiaron que la causa se nutre de numerosos testimonios. Todos habrían afirmado que un grupo de gendarmes se quedaba con secuestros de procedimientos. En la práctica, la sincronización era clave. Los que retenían la mercadería acordaban con los responsables de depósito la cantidad que debía constar en acta.

Ello era extensivo a todo tipo de mercadería que ingresaba especialmente de Bolivia. No era el único rubro. También hay gendarmes acusados de cobrar coimas a los tours de compras. Al parecer, había tres puestos de "cobro", es decir "peajes". En todos, los choferes debían dejar miles de pesos para tener derecho a pasar al vecino país y sin riesgo de perder la mercadería.

La causa destacaría también ventas (en millones) a comercios en la provincia de Buenos Aires, en especial bebidas alcohólicas, se supo en las últimas horas.

Como todo era dinero y delitos, Molinari y su equipo de trabajo se esmeraron para evitar filtraciones y asestar un duro golpe a ciertos integrantes de la fuerza, con la cual trabajan a diario. Sin embargo, la superioridad ayer fue puesta al tanto de los alcances de las redadas, que continuarían en esta jornada.

En pleno allanamiento, la esposa de uno de los imputados habría prendido fuego al local que funcionaba en su propia vivienda. El foco ígneo se registro en el Bº Mariano Moreno y debieron intervenir los bomberos para desterrar el fantasma de daños mayúsculos para la protagonista y sus vecinos.

Las fuentes confiaron que en ese local, los investigadores habrían incautado dinero y secuestros valuados en más de $ 30 millones.

La magnitud de los operativos provocó estupor entre los testigos, pero las estimaciones reales serán consignadas hoy o mañana, una vez que finalicen todos los allanamientos, deslizó sobre el final de la agitda jornada un alto funcionario.