El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, en el 2018 el 27% de los inquilinos destinaba más del 50% de sus ingresos para pagar alquileres y hoy ese porcentaje llega a más del 32% de los citados, conforme datos del INDEC. En un escenario donde el 32% de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler, la situación se vuelve insostenible.

En nuestro mercado local, “la mayoría de los inquilinos asumen aumentos por fuera de la ley de alquileres, y además las partes establecen de antemano los porcentajes de incrementos y la periodicidad de los mismos”.

Es por ello que, hemos solicitado formalmente a la actual Presidenta de la Cámara de Diputados de Nación Cecilia Moreau que los distintos bloques se avoquen a dar respuestas a los millones de inquilinos, reduciendo los contratos a 24 meses y actualizando los precios de los alquileres semestralmente, para lo cual, se deberá tener en cuenta los ingresos de los arrendatarios, puesto que, actualmente se multiplican los inquilinos que no pueden afrontar los costos y deben rescindir sus contratos mucho antes de los 3 años que establece la ley. Según el último censo de 2022, hay un 4% más de hogares alquilados que en el anterior relevamiento nacional del 2010.

Ese dato implica que, en la actualidad, son más de 2 millones las viviendas alquiladas y alrededor de 8 millones de personas que padecen esta situación, por ello, además del tratamiento en el Congreso de la Nación, se señaló la necesidad de una política de alquileres más abarcativas, donde, por ejemplo, “los costos de entrada a la hora de concretar un acuerdo sean razonables, pues los valores actuales en ocasiones llegan a triplicar el alquiler mensual”.

Esto nos permite afirmar que existe una deuda social con la problemática del alquiler y que más allá del contexto actual de campaña electoral, todos estamos obligados a originar respuestas para que los inquilinos dejen de destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar alquileres.