Tanto los integrantes de la Cámara Federal, como la jueza María Eugenia Capuchetti, se mostraron convencidos de que el ataque está esclarecido, pero los abogados de Cristina Kirchner reclamaron medidas de prueba sobre la hipótesis denominada Casablanca o Milman.

Los jueces coincidieron en que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva", por lo que entendieron que al menos la situación de los presos se encuentra en el tiempo óptimo para proceder a la realización del proceso oral.

En tanto, la querella rechazó enviar a juicio la parte principal de la investigación porque sostienen que elevar la causa por tramos “es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad".

Por el atentado contra Cristina Kirchner están procesados con prisión preventiva Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado, y Gabriel Carrizo, el jefe de Los Copitos, como partícipe secundario. Si sale el requerimiento de juicio oral, también debería determinarse en qué situación quedará Agustina Diaz, la amiga de Uliarte, quien recuperó la libertad después de que la Cámara de Apelaciones no encontró mérito para mantenerla detenida.

A todo esto, en las últimas semanas la pista Casablanca cobró fuerza porque una de las ex asesoras del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milmam, le dijo a la justicia que antes de entregar su teléfono en Tribunales, borró su contenido por indicación de un perito que le presentaron en las oficinas de Patricia Bullrich.

Con este dato, los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazabal, solicitaron el secuestro del teléfono de Milman, pero la jueza lo rechazó, porque al no encontrarse imputado por ningún delito, la Ley de Fueros se lo impide.

Finalmente, la Cámara Federal fijó audiencia para el 22 de junio con el fin de que la querella explique porque cree que hay que investigar el celular de Milman. Precisamente, este eslabón podría demorar la definición del fiscal Rivolo para solicitar que el caso avance al proceso oral. Recién cuando Rivolo eleve su dictamen, la jueza Capuchetti podrá rubricar la clausura de la instrucción.

La pista Milman se basa en una denuncia del ex diputado por la provincia de Santa Fe, Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado en el bar Casablanca, dos días antes del ataque a Cristina Kirchner, como el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, le decía a sus colaboradoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

En un primer momento, las dos secretarias fueron citadas como testigos y negaron haber mantenido esa charla. Los abogados de la querella solicitaron el secuestro de los teléfonos, pero Capuchetti lo rechazó.

Cuando el tema trascendió en los medios de comunicación, Gerardo Milman se presentó en Tribunales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”, lo que derivó en otro caso judicial a cargo del juez Julian Ercolini.

En diciembre del año pasado, después de que la Cámara Federal ordenó seguir trabajando la pista Casablanca, el fiscal Carlos Rívolo reeditó la ronda de testimoniales, y en esa ocasión las dos mujeres dejaron sus celulares para que fueran peritados por la justicia, aunque ya lo habían borrado todo.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue la encargada de revisar los aparatos y rescató un mensaje del grupo de Whatsapp “las reinas del despacho” que tres días antes del ataque a Cristina Kirchner pedía: "Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y todo lo demás, de lo de la oficina; plis, por las dudas".

Las sospechas de la vicepresidenta escalaron cuando Ivana Bohdzievic se presentó en Comodoro Py a declarar que por sugerencia de Gómez Mónaco fueron en noviembre a un oficina que atribuyó a Patricia Bullrich, donde borraron todos los archivos de su teléfono.

A pedido de la querella, el fiscal Rivolo solicitó el secuestro del teléfono de Milman, para que lo perite la PSA, pero la jueza Capucheti también lo rechazó. Luego, Rivolo apeló ante la Cámara Federal, que citó a las partes para que expliquen sus razones.

En este sentido, el fiscal general adjunto Jose Luis Agüero Iturbe opinó que el rechazo de la jueza al análisis del dispositivo de Milman “resulta arbitrario” . Sostuvo que el planteo del Ministerio Público Fiscal es pertinente porque se intenta determinar si el diputado se encuentra efectivamente vinculado al atentado contra la vida de la vicepresidenta . A la vez, indicó que es conducente porque no existe otra vía alternativa para obtener la información que no sea a través de su celular.

Revolución Federal

La causa que investiga el accionar de la agrupación Revolución Federal tramita en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi. En el inicio del proceso el juez remitió el expediente a su colega Maria Eugenia Capuchetti, porque entendió que los hechos de instigación a la violencia pública estaban relacionados con el atentado contra Cristina Kirchner. La jueza lo descartó, recibió el aval de la Cámara Federal.

Según los resultados de la pesquisa, unos meses antes del atentado, en uno de los grupos de whatsapp de Revolución Federal, su líder Jonathan Morel había subido un video que mostraba la llegada de la vicepresidenta a su casa rodeada de la militancia. La respuesta de un tal "Dalí Revolución" fue: “Una granada ahí … Mi límite es la 9 mm que tengo”.

Hasta ahora pudieron identificar la línea telefónica, pero no la identidad del usuario. Finalmente, Martinez de Giorgi envió las escuchas a la jueza Capuchetti, para que lo revise en el marco de la causa del atentado contra la ex presidenta.

Recordemos que por el caso de Revolución Federal fueron procesados Sabrina Basile, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes lograron su excarcelación después de permanecer varios días detenidos. También están investigando el financiamiento de Revolución Federal, y por eso ordenaron medidas para esclarecer los vínculos de Morel con la firma Caputo hermanos.