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ECONOMÍA

14 de junio de 2024

Reunión de trabajo entre Defensores del Pueblo y la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuarios y de la Competencia

Denuncian el sobreendeudamiento en el que se encuentran millones de consumidores y usuarios, ante la falta de recursos para afrontar sus deudas, situación que los coloca en una vulnerabilidad, afectando su calidad de vida y la de su grupo familiar, comprometiéndose los legisladores a elaborar y construir una pronta respuesta a esta temática.

El Defensor del Pueblo de la Provincia Dr. José Leonardo Gialluca, junto a otros defensores nucleados en ADPRA, llevaron adelante una -Reunión de Trabajo-, en el Congreso de la Nación, específicamente en la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y de la Competencia, presidida por Carolina YUTROVIC, encontrándose presente además la Diputada Nacional Graciela Parola.

En la misma, Gialluca, denunció, la derogación de leyes y de más de 69 Resoluciones que garantizaban derechos a los consumidores - usuarios, “que hoy son víctimas de variados abusos por empresas públicas y privadas”, donde la situación se agrava, ya que no se pude estar judicializando todo, pues las demandas de la gente, son urgentes, señaló.

Denunció la no recepción de reclamos por parte de firmas como Telecom Personal, la cual, en Formosa, únicamente “cobran a sus usuarios y ante cualquier duda o inconveniente, los derivan a un 0800, que nunca soluciona nada”.

De la misma manera, denunció a los supermercados que trabajan con entidades financieras o bancarias, ofreciendo tarjetas de créditos, “pero a la hora de requerir la baja del servicio o desconocer algún consumo, derivan a aplicaciones, que no brindan respuestas a los consumidores”.

Los diputados presentes, se comprometieron a llevar estas y otras cuestiones planteadas, como las estafas virtuales, ciberdelitos, al recinto de la Cámara Baja y encontrar resultados constructivos para la gente. Posteriormente, se llevó adelante otra -Reunión Informativa-, esta vez con, el Subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Dr. Fernando Martin Blanco Muiño, a quien se le planteo las problemáticas de los ahorristas y adjudicatarios de planes de ahorro, “quienes actualmente no pueden cumplir con sus obligaciones mensuales, cayendo en mora, con la consecuencia de la iniciación de acciones judiciales, que llegan hasta el secuestro de vehículos”.

Para eso Gialluca, solicitó, un régimen de diferimiento de pagos, contemplando la adaptación progresiva de “las cuotas partes de los contratos al valor del bien - tipo en condiciones de gradualidad”. Agregó que, se elimine la aplicación de multas a suscriptores y la reducción de las cargas administrativas, “asimismo ante la falta de respuestas o demoras de las Sociedades Administradoras de los Planes de Ahorro de ventas de vehículos,  se exigió que, habiliten una oficina en cada provincia para que se recepcionen y tramiten los diferentes planteos o en su defecto, se haga lo propio en las respectivas concesionarias, aprovechando su contacto directo con las empresas de Planes de Ahorro,  dándoseles así un trámite más ágil a cada prestación”.

Esto último, dado que los consumidores, cuando acuden a reclamar a los lugares de venta, no se los atiende y son derivados a las Administradoras, las cuales se encuentran en Ciudad Autónoma, lo que origina graves perjuicios económicos a la gente, quienes deben pagar, entre tanto, intereses moratorios y hasta punitorios altamente onerosos.

Por último, el Funcionario Provincial, destacó el encuentro Institucional con la Presidenta de la Comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara Baja, Lic. Gabriela Brouwer de Koning (UCR - Cordoba), donde “existió consenso en cuanto a mantener la formula jubilatoria aprobada, toda vez que la misma no afecta las arcas del Estado Nacional” y de esa manera se mejora en algo el acceso a los alimentos básicos y medicamentos,  frente a la pérdida de su capacidad adquisitiva, más los permanentes aumentos que siguen dándose en estos bienes.

Gialluca, informó que, se mantiene la moratoria provisional y los jubilados podrán continuar con sus planes de pagos para aquellos que no pudieron reunir los 30 años de aportes.

Solicitó a todas las personas interesadas, concurrir a la sede de la Defensoría del Pueblo, o comunicarse a través de los correos [email protected][email protected].

Además, llevó tranquilidad a los beneficiarios de Pensiones por Discapacidad, “toda vez que el Estado no las puede eliminar simplemente, sino que se debe respetar una serie de normas vigentes”, entre las que se establece que, para suspender una prestación, se tiene que probar “una percepción indebida de haberes”, sugiriendo a las personas que reciban alguna notificación, concurran al Organismo de la Constitución, pues la incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en caso de citaciones, las personas deben cumplir.

En este punto el Ombudsman Provincial “requirió la reglamentación pronta del Decreto N° 566/23, que permitirá a los pensionados discapacitados, obligarse laboralmente con tareas diversas públicas o privadas”.



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