La Cámara Federal pidió que se eleve a juicio oral y público la causa contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carizo por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los tres están acusados de ser los coautores del ataque. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, el presunto líder de Los Copitos. También instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral. 

Los jueces Bertuzzi y Bruglia consideraron, acorde supo NA, que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.  Y ampliaron: «Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal«.

Además, explicaron que «la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva». «He dicho en otras oportunidades que una justicia que tarda no es justicia. Pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo», añadió Llorens.

Qué dice la investigación

Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses. Las pruebas principales son sus conversaciones por mensaje, y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de Cristina Kirchner para seguir todos sus movimientos. A su vez, la vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre ni tampoco a sus financistas.

Un testimonio aportado por un legislador del Frente de Todos involucra en la causa al diputado opositor Gerardo Milman. Según él, lo escuchó hablar del atentado con dos asesoras en un bar cerca del Congreso. En el lugar, hacía referencia a lo que iba a suceder y que, para cuando eso ocurra, él no iba a estar en Buenos Aires. 

La querella también apunta a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el Presidente. En esta causa, la vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jhonatan Morel, líder de la organización. Según ella, ese motivo de pago no fue más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales.