El ministro de Economía brindó una conferencia de prensa sobre la iniciativa que busca reforzar la previsibilidad de los contribuyentes. «El objetivo es que los ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad», explicó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso. La propuesta se trata de una iniciativa clave para el programa del Gobierno, ya que fue discutido en la mesa política y buscará modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Caputo explicó en el Palacio de Hacienda que la iniciativa apunta a blanquear los ahorros y reconoció las incógnitas que mantenían los especialistas: «El espíritu de la ley no cambia absolutamente nada. El objetivo es permitir que la gente que se vio forzada a informalizar sus ahorros porque estaba prohibido el acceso a la libre compra de dólares e incluso penado, que los formalicen en el sistema bancario sin ninguna penalidad. La nueva ley es porque cuando se votó la ley, se generaron dudas de muchos asesores tributarios y fuimos recabando información y terminamos armando una mesa de trabajo con unos tributaristas».
En tal sentido, advirtió sobre los ahorros no declarados. «Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo», marcó.
También analizó la carga tributaria de la Argentina: «El país, en particular desde las últimas décadas, aumentó su nivel de gasto. Eso se mide en porcentaje de producto. Pasamos de 24 puntos a 43. Una buena parte de ese aumento se trató de solventar con subas de impuestos. Subieron las retenciones al campo que todavía hoy persisten. Los impuestos desincentivar la generación de dólares. Al mismo tiempo, como la suba de impuestos no alcanzaba para cubrir el exceso de gastos, el déficit se financió con una emisión monetaria».
«Teníamos una suba impositiva que expulsó a la gente a la informalidad por los impuestos altos y ante la escasez de dólares y ante la mayor demanda por el desorden macroeconómico, se puso un cepo cambiario y la gente que quería ahorrar en dólares no lo podía hacer. Todo esto derivó en en que hoy haya una masa de dólares bajo el colchón, donde hoy tenemos récord de depósito en dólares en el sistema financiero con u$s40 mil millones», señaló.
En este marco, el ministro de Economía sostuvo que el Gobierno apunta a reducir la presión fiscal y remarcó el atesoramiento de la moneda estadounidense: «Nunca vamos a subir impuestos. No es casualidad que en su momento se haya mandado Inocencia Fiscal y Modernización Laboral al Congreso porque apuntamos al crecimiento. Queremos mayor inversión y la contracara es el ahorro. El ahorro está, solo que no en el financiero y sí debajo de los colchones».
«Bajamos tres puntos de producto en términos de impuestos que lo estamos devolviendo al sector privado. La competitividad viene dada por la baja de impuestos, de regulaciones y el mejoramiento de la infraestructura. Hoy, habiendo generado los incentivos correctos en las industrias con valor agregado, estamos en récord de superávit comercial», agregó en esta línea.
Las claves del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II y a quiénes beneficia
El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.
Uno de los principales benefactores de este nuevo esquema es el Mercado Inmobiliario para el cual se habilita el uso de pagos en efectivo en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Esto permitirá formalizar operaciones realizadas con dólares billete y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones, según indicó el Ministro de Economía.
A su vez, el esquema reduce las sanciones según el tamaño económico para pequeños contribuyentes y pymes. Es decir, personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo del Gobierno es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.
Con el nuevo esquema que propone el oficialismo, los bancos y escribanos serán de los sectores más beneficiados también debido a que la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por entidades financieras y organismos de control ya que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas en operaciones.
Por último, los ahorristas saldrán fructíferos de acuerdo a lo asegurado por Luis Caputo ya que el proyecto establece un “tapón fiscal” que impide revisar períodos anteriores o cuestionar el origen de los fondos exteriorizados, salvo diferencias significativas. Además, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero sin sanciones retroactivas.
Los puntos centrales del nuevo esquema de “inocencia fiscal” impulsado por Milei y Caputo son la eliminación de topes de ingreso y patrimonio, plazo definido hasta 2027 para exteriorizar fondos, tapón fiscal que limita revisiones de ARCA, reducción de sanciones según tamaño económico, compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo, adhesión como antecedente favorable en bancos y escribanías, y exclusión parcial de grandes contribuyentes.
-
Eliminación de topes de ingreso y patrimonio
-
Antes: sólo podían adherir quienes no superaban $1.000 millones de ingresos anuales o $10.000 millones de patrimonio.
-
Ahora: se suprimen esos límites; basta con tener residencia fiscal argentina.
-
-
Plazo definido para exteriorizar fondos
-
Se fija hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero no declarado.
-
Beneficio: evita sanciones retroactivas y presiona a los interesados a actuar en ese lapso.
-
-
Tapón fiscal y límite a la fiscalización de ARCA
-
ARCA no podrá revisar períodos anteriores ni usar la adhesión como prueba en contra.
-
Sólo se activarán controles si hay discrepancias mayores al 5% del monto fijado por el Régimen Penal Tributario (unos $5 millones).
-
-
Reducción de sanciones según tamaño económico para incentivar la adhesión de sectores más chicos
-
Personas humanas y microempresas: 80% menos.
-
Pequeñas empresas: 60% menos.
-
Medianas empresas: entre 20% y 40% menos.
-
-
Compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo
-
Se habilita el uso de dólares billete en escrituras públicas.
-
Beneficio: formaliza compraventas y da seguridad jurídica al mercado inmobiliario.
-
-
Adhesión como antecedente favorable
-
Bancos, escribanos y la UIF podrán considerar la regularización como un punto positivo en la identificación de clientes.
-
Impacto: menos trabas burocráticas para quienes blanqueen fondos.
-
-
Grandes contribuyentes: adhesión limitada
-
Podrán ingresar al régimen, pero sin los beneficios principales (presunción de exactitud ni reducción de sanciones).
-
Resultado: el esquema se concentra en pequeños y medianos actores.
-
Qué establece Inocencia Fiscal I
La normativa original, aprobada por el Congreso en enero, elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales ante el fisco. Bajo este esquema, los contribuyentes únicamente deben informar ingresos, gastos deducibles y otros datos básicos para la liquidación del impuesto.
La herramienta forma parte de la Ley 27.799, reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 93/2026, una iniciativa presentada originalmente como una forma de incentivar la utilización de ahorros no declarados, conocidos popularmente como los “dólares bajo el colchón”.
La normativa introdujo cambios de fondo en el sistema tributario argentino. Uno de los principales es la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales puede configurarse un delito de evasión fiscal.
En los casos de evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones. Para la evasión agravada, el piso se elevó de $15 millones a $1.000 millones. También aumentaron los montos para otras conductas contempladas en el Régimen Penal Tributario, como el uso indebido de beneficios fiscales, la utilización de facturación apócrifa o la apropiación de impuestos retenidos.
La ley además prevé que ARCA pueda abstenerse de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes de que se inicie una causa o cancele la deuda, intereses y recargos dentro de los plazos establecidos.
Otro de los cambios centrales fue la reducción de los plazos de fiscalización. A partir de la nueva normativa, el organismo recaudador dispone de tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.
Según el artículo 38 de la ley, pueden acceder a este régimen las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados por la norma, hayan registrado ingresos totales de hasta $1.000 millones, un patrimonio de hasta $10.000 millones y que no estén categorizadas por ARCA como «grandes contribuyentes nacionales».
La normativa también faculta al Poder Ejecutivo a fijar requisitos adicionales y establece que, si el organismo detecta que un contribuyente no cumplía las condiciones al momento de adherirse, podrá excluirlo del régimen, fiscalizar los períodos no prescriptos, determinar diferencias impositivas y aplicar las sanciones correspondientes.
A diferencia del esquema tradicional, los contribuyentes ya no deben informar consumos personales ni justificar incrementos patrimoniales. La declaración se concentra en los ingresos obtenidos y en los gastos deducibles admitidos por la normativa. Con esos datos, ARCA calcula el impuesto correspondiente.
El cambio implica que determinadas adquisiciones o gastos realizados con fondos previamente no exteriorizados no generen, por sí mismos, requerimientos automáticos para explicar el origen de esos recursos ante el organismo tributario.
La ley también endureció las sanciones por incumplimientos formales. Las multas por no presentar declaraciones juradas en tiempo y forma pasaron de montos simbólicos a valores considerablemente más altos, con escalas que pueden alcanzar cifras multimillonarias en los casos más graves.
Finalmente, la iniciativa complementó otras medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reducción de regímenes informativos y la elevación de los montos a partir de los cuales bancos, billeteras virtuales y distintos actores económicos deben reportar operaciones financieras de sus clientes. (C5N)