El ministro de Economía brindará una conferencia de prensa en la que detallará la iniciativa, luego de las críticas de los contadores a la normativa vigente. La iniciativa buscará reforzar la previsibilidad para el contribuyente y será girada al Congreso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado al Congreso. La iniciativa buscará modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El proyecto original, aprobado por el Senado en enero, modificó el régimen penal tributario y los procesos de control fiscal. La ley permite a los contribuyentes utilizar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin sanciones de parte del fisco, excepto los que tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones.
Pese a que recibió luz verde, el Gobierno intentará la modificación de la normativa debido a las críticas de los contadores. La preocupación central giraba en torno al riesgo de que los contribuyentes pierdan los beneficios ante discrepancias que detecte la ARCA. Para solucionarlo, uno de los cambios es la eliminación de los topes y la flexibilidad para subsanar discrepancias mediante la rectificación de la declaración jurada, lo que permite conservar los beneficios del régimen.
«A estos efectos, y hasta el 31 de diciembre de 2027, para los fondos utilizados conforme lo previsto en el párrafo precedente por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud establecida en el artículo 40 de la presente ley, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo de dicho artículo», estipula un artículo del anteproyecto.
En tal sentido, también refuerza la previsibilidad para el contribuyente, ya que ARCA solo podrá objetar una declaración si logra demostrar, con información objetiva, la existencia de una diferencia significativa. Exime de determinadas multas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o del Impuesto al Valor Agregado y adhieran al RSG, con el objetivo de incentivar la normalización de situaciones fiscales pendientes.
Por lo pronto, la ley vigente actualizó los montos mínimos a partir de los cuales puede configurarse un delito de evasión fiscal. En los casos de evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones. Para la evasión agravada, el piso se elevó de $15 millones a $1.000 millones. También aumentaron los montos para otras conductas contempladas en el Régimen Penal Tributario, como el uso indebido de beneficios fiscales, la utilización de facturación apócrifa o la apropiación de impuestos retenidos.
También define que ARCA pueda abstenerse de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes de que se inicie una causa o cancele la deuda, intereses y recargos dentro de los plazos establecidos. En tanto, reduce los plazos de fiscalización. A partir de la normativa, el organismo recaudador dispone de tres años para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.
Según el artículo 38 de la ley, pueden acceder a este régimen las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados por la norma, hayan registrado ingresos totales de hasta $1.000 millones, un patrimonio de hasta $10.000 millones y que no estén categorizadas por ARCA como «grandes contribuyentes nacionales».
La normativa también faculta al Poder Ejecutivo a fijar requisitos adicionales y establece que, si el organismo detecta que un contribuyente no cumplía las condiciones al momento de adherirse, podrá excluirlo del régimen, fiscalizar los períodos no prescriptos, determinar diferencias impositivas y aplicar las sanciones correspondientes.
El Gobierno profundiza su plan económico y también buscará la reforma del Banco Central
El Ejecutivo trabaja en una nueva Carta Orgánica que apunta a consolidar un esquema de estabilidad monetaria, con mayor autonomía para el Banco Central y nuevas reglas para la emisión.
La propuesta, que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, apunta a revertir aspectos incorporados en la reforma de 2012 y establecer un marco institucional que limite la discrecionalidad en la política monetaria. El objetivo central es que el Banco Central vuelva a concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda.
Uno de los principales ejes del proyecto consiste en restablecer el denominado «mandato único». En la práctica, esto implica que la función principal del BCRA será garantizar la estabilidad monetaria, dejando de lado otros objetivos vinculados con el desarrollo económico, el empleo o la inclusión financiera que fueron incorporados durante la modificación de la Carta Orgánica realizada hace más de una década.
Desde el Gobierno sostienen que concentrar las funciones del organismo permitirá fortalecer la credibilidad de la política monetaria y reducir la posibilidad de que objetivos múltiples entren en conflicto entre sí.
Otro de los cambios previstos busca reforzar la autonomía del Banco Central frente al Ejecutivo. La iniciativa contempla establecer mecanismos que dificulten futuras intervenciones políticas sobre las decisiones monetarias y otorguen mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.
La reforma también propone cerrar definitivamente la posibilidad de financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Otro aspecto incluido, establece cambios sobre el tratamiento de las ganancias obtenidas por el Banco Central. La propuesta apunta a restringir la distribución de utilidades contables que no representen ingresos efectivamente realizados, evitando que puedan utilizarse para financiar gasto público sin respaldo económico. (c5n)