La Cámara Federal de Resistencia dictó una medida precautelar interina de limitados alcances temporales sobre la situación institucional de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).
Se trata de una providencia de rutina mediante la cual el tribunal, al no estar aun suficientemente informado sobre los masivos fundamentos de la resolución universitaria, suspendió provisionalmente su aplicación por unos días. En los pasillos de los tribunales federales es un secreto a voces que este tipo de medidas de extrema urgencia suelen revertirse de inmediato una vez que el Tribunal comienza a recibir las pruebas y los informes orgánicos correspondientes.
Por este motivo, desde el Rectorado de la UNaF aclararon con contundencia: la Resolución del Consejo Superior mantiene plenamente su vigencia jurídica y solo se encuentra suspendida de manera provisoria su aplicación material. El funcionamiento institucional de la universidad no está en juego; de hecho, las autoridades legítimas y la amplia mayoría de las dependencias académicas y administrativas trabajan con absoluta regularidad.
La resolución dictada el pasado viernes por el Consejo Superior pone al descubierto la ilegalidad manifiesta y la ilegitimidad que rodea a las maniobras de las que se valieron tres personas para acceder a los cargos de Decanos de la Facultad de Humanidades (Rafael Olmedo), de Recursos Naturales (Carlos Martínez) y FAEN (María Rosa Sanabria. Pese a los innumerables requerimientos del Consejo Superior y de la Comisión Especial Investigadora, los nombrados jamás presentaron la documentación que acredite que son «Profesores por Concurso», un requisito previo, objetivo y obligatorio exigido por el artículo 54 de la Ley de Educación Superior y el Estatuto de la UNaF para poder acceder y ejercer válidamente el cargo de decano.
El operativo «viernes a la noche»: entre gallos y medianoche
La decisión adoptada por el Consejo Superior representó un alivio para la abrumadora mayoría de la comunidad universitaria, caracterizada por su honestidad y el respeto a las leyes. La declaración de nulidad absoluta y la consecuente revocación de las elecciones fraudulentas dieron a la comunidad universitaria la esperanza del cierre de un ciclo marcado por la impotencia ante la injusticia y el avasallamiento normativo en tres unidades académicas, a cargo de tres personas que se negaron sistemáticamente a cumplir con las reglas del juego de la academia.
Entre los considerandos más fulminantes del acto administrativo se reconstruye, minuto a minuto, lo que en los pasillos universitarios se recuerda como una maniobra espuria con tintes de clandestinidad: las elecciones bajo sospecha se consumaron en la tarde-noche del viernes 13 de diciembre de 2024, en un momento en que el calendario académico y administrativo ya se encontraba cerrado y las facultades estaban virtualmente desiertas.
Lejos de la transparencia académica, ese «operativo de fin de año» operó como un blindaje de candidaturas inhábiles mediante el ocultamiento sistemático de los antecedentes de los postulantes. El texto del Consejo Superior desenmascara la maniobra al acreditar que Olmedo, Martínez y Sanabria actuaron con dolo y mala fe para engañar al órgano elector. Su prolongada antigüedad en la casa de altos estudios vuelve inverosímil cualquier desconocimiento normativo: sabían que carecían de la aptitud legal y estatutaria para el cargo de decano, al no haber revalidado jamás sus credenciales en un concurso público de oposición y antecedentes.
El bloque de legalidad y la expectativa de un aval judicial en la alzada
En los despachos del Rectorado prevalece un clima de serenidad institucional. Las autoridades legítimas de la UNaF han manifestado una fundada confianza en que la Cámara Federal de Resistencia ratificará el control de legitimidad ejercido por el Consejo Superior. Sostienen que la transitoriedad de la medida de urgencia cederá de manera inexorable cuando los magistrados confronten el fondo de la cuestión: la contundencia de las pruebas documentales y la palmaria ausencia de antecedentes regulares en los legajos personales de los involucrados Olmedo, Sanabria y Martínez.