El gobierno de Nayib Bukele implementará el “Sistema de Verificación Genética”, que exige una prueba de ADN como requisito para inscribir a los bebés en el registro civil. La medida busca garantizar la filiación biológica y evitar fraudes, pero abre un intenso debate sobre derechos, privacidad y vínculos familiares.
El Salvador dio un paso que genera fuertes controversias. Según informaron medios locales, el gobierno de Nayib Bukele promulgó una nueva ley que establece la obligatoriedad de la prueba de ADN para poder reconocer a los hijos recién nacidos.
El sistema, denominado “Sistema de Verificación Genética”, se aplicará en todos los registros civiles del país y tendrá carácter obligatorio para completar la inscripción de nacimiento. La disposición busca —según el Ejecutivo— garantizar la autenticidad de la filiación biológica y prevenir casos de suplantación de identidad o falsos reconocimientos de paternidad.
“El propósito central es asegurar que cada niño tenga el vínculo biológico correcto con sus padres y evitar que personas asuman responsabilidades sobre niños con los que no comparten relación genética”, expresó el presidente Bukele al anunciar la medida.
Sin embargo, la norma ha generado fuertes críticas de diversos sectores sociales, jurídicos y de derechos humanos, que advierten que la imposición del examen genético vulnera la privacidad familiar y podría estigmatizar a los padres, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica.
Organizaciones civiles también señalan que la medida desconoce los lazos afectivos y sociales que muchas veces prevalecen sobre los biológicos. “La identidad no se reduce al ADN; hay padres que crían, aman y sostienen a niños aunque no sean sus hijos biológicos”, cuestionaron especialistas en derecho familiar.
El debate se instala así entre quienes celebran la decisión por su potencial para evitar fraudes y quienes la consideran un avance del control estatal sobre la intimidad de las familias.
Mientras tanto, El Salvador se convierte en el primer país de América Latina en implementar una política de este tipo, que redefine los criterios de filiación y plantea interrogantes éticos y legales de gran alcance.