El Ejecutivo tomó esa deuda con el BID para financiar el plan para reducir en 20 mil empleados la planta de estatales.
El gobierno se endeudó en 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios con los que apunta a reducir en 20 mil empleados la administración pública. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, que este miércoles va a movilizarse a la Residencia Presidencial de Olivos para repudiar el nuevo ajuste. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, sostuvo el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. La protesta fue convocada para las 17 horas.
Aguiar llamó a los trabajadores de Estado a no aceptar los retiros, y planteó que el gobierno “está aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos” a la sociedad. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos”.
El crédito fue tomado por el ministerio de Economía con el Banco Interamericano de Desarrollo, e implica una deuda a 25 años. Al cuestionarlo, el sindicato señaló que “ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro”.
El gremio aseguró, por otra parte, que el Poder Ejecutivo no tiene permitido tomar deuda en dólares para gastos corrientes y que el gobierno vulnera la Ley de Presupuesto, porque el endeudamiento no fue aprobado por el Congreso Nacional.
El plan de retiros voluntarios fue lanzado el lunes pasado. Está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y su objetivo es que se desvinculen unos 21 mil trabajadores que son parte de la planta permanente.
En lo que va de la gestión libertaria ya fueron dejados sin empleo 74 mil trabajadores de la administración pública nacional, mediante varias olas de despidos que empezaron con la no renovación de contratos temporales (un modo de contratación precaria muy extendido dentro del Estado, y en el que había trabajadores con más de 20 años de antigüedad) y siguió con pases a disponibilidad, un mecanismo que permite pagar durante un año la mitad del sueldo y luego despedir sin causa.
Los retiros voluntarios ofrecidos ahora implican compensaciones económicas de hasta 25 salarios brutos. Su monto depende de la categoría y los años trabajados, aunque el programa de Sturzenegger no reconoce la antigüedad real del solicitante, sino sólo los años que lleva siendo parte de la planta permanente.
Están destinados también a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado y fija que los que se retiren no podrán volver a trabajar para el Estado nacional por un plazo de 8 años.
Los gremios no reaccionaron de igual manera frente a la noticia de los retiros. La Unión de Personal Civil de la Nación no hizo declaraciones sobre el tema, manteniendo un bajo perfil. ATE, en cambio, salió a denunciar que los retiros no son voluntarios sino extorsivos y acusó a gestión de la Libertad Avanza de hostigar a los trabajadores para forzarlos a que los acepten.
El sindicato señaló la licuación de los sueldos como uno de esos modos de presión, ya que desde que asumió Milei, los salarios de la administración pública perdieron un 40 por ciento de poder adquisitivo. En este sentido, afirman que el Gobierno ha generado intencionalmente una “emergencia salarial” para desgastar económicamente a los estatales, empujándolos a aceptar sumas de dinero inmediatas ante la imposibilidad de cubrircon su trabajo la canasta básica.
Otro mecanismo que denuncian es la amenaza del pase a disponibilidad de quienes no presenten el retiro, con lo que el trabajador se quedaría igualmente sin trabajo (pero si es pasado a disponibilidad, sin compensación económica). De hecho, el gobierno de Milei es el primero que ha utilizado los pases a disponibilidad de manera masiva.
El sindicato considera que el plan de retiros busca presentar las desvinculaciones como acuerdos entre las partes para evitar el cumplimiento del derecho a la estabilidad del empleo público y el pago de las indemnizaciones completas.
En algunos ministerios, como el de Capital Humano, los delegados han denunciado un ensañamiento especial contra los trabajadores, enfocado en los de Desarrollo Social, un área que los extensos programas de asistencia sostenidos por gobiernos anteriores, con presencia en todo el país, fueron desmantelados. En este caso, las presiones contra los trabajadores que han presentado reclamos o participado de asambleas consisten en no asignarles tareas, paralizar sus carreras administrativas e incluso hacerles quitas en sus salarios de hasta el 60 por ciento, eliminando items adicionales que eran parte histórica de sus sueldos. (Pagina12)