En su recurso, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la jueza realizó una evaluación fragmentaria del material probatorio y trató los distintos episodios como hechos aislados, cuando para la fiscalía forman parte de un proceso concatenado que debe ser analizado de manera global para determinar eventuales responsabilidades penales.
Además, cuestionó que el fallo haya transcripto evidencia sin ponderarla ni justificar de qué manera se arribó a las conclusiones que derivaron en el archivo de la causa.
Los argumentos del fiscal Picardi
El planteo remarca que existen indicios suficientes para profundizar la investigación. Entre las hipótesis formuladas se mencionan posibles incumplimientos normativos en la toma de deuda, presuntas irregularidades en la administración de los fondos, opacidad en el proceso de negociación y decisiones que habrían provocado perjuicios económicos relevantes para el Estado y la sociedad.
El recurso también pone en discusión aspectos institucionales y procedimentales del acuerdo, como la falta de intervención formal del Congreso o del Presidente mediante actos administrativos específicos, así como la posible simulación o reconstrucción posterior de expedientes administrativos para justificar decisiones ya adoptadas.
En función de estos agravios, la fiscalía solicitó que se revoque el archivo y que la Cámara Federal ordene continuar la investigación, al considerar que la magnitud institucional y económica del caso exige un análisis más profundo y exhaustivo.
El Estado dejará de ser querellante en una causa por la deuda con el FMI durante el macrismo
El Gobierno nacional resolvió que el Estado deje de actuar como querellante en la causa judicial que investigaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 87/2026, publicado este miércoles por la noche en el Boletín Oficial, y alcanza a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en el expediente.
La medida se apoya en un dato clave: el pasado 2 de febrero la jueza interviniente María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa, al concluir que “no se cometieron los delitos denunciados”. En ese sentido, el decreto sostiene que gran parte de los cuestionamientos formulados en el expediente “constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias”.
Según la magistrada, esas decisiones no pueden ser objeto de reproche penal, ya que forman parte de “el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”, y los efectos macroeconómicos adversos “no permiten reconducir, por sí solas, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.
(ambito)
