Un informe del Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta 4.239% entre los valores pagados por la Agencia Nacional de Discapacidad y los precios de mercado en insumos ortopédicos. Esta semana comenzarán las indagatorias a empresarios vinculados a las contrataciones investigadas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial luego de que una auditoría del Ministerio de Salud detectara presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos. Según el informe oficial, algunas adquisiciones registraron diferencias de hasta 4239% respecto de los valores de mercado.
El documento advierte sobre un universo de 505 expedientes que comprometen más de $18.368 millones y sugiere denunciar los hechos como “hecho nuevo” en la causa judicial que investiga presuntas maniobras de defraudación contra el Estado.
El informe consta en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi por irregularidades y posibles delitos en la ANDIS en la que está imputado su extitular, Diego Spagnuolo.
La nota, firmada por la asesora médica María Celeste Díaz y dirigida a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostiene que se detectaron “desvíos críticos y sobreprecios” en facturaciones presentadas por las firmas Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX Medical y Expo Trauma.
Según el informe, el mayor volumen de fondos quedó concentrado en pocas empresas: “Farma Salud S.R.L. representa la mayor participación con un monto superior a los $11.000 millones”, seguida por Ortopedia Bernat y el grupo vinculado Artrobone/Imnova.
Además, se precisó que unos $4.770 millones todavía permanecen “pendientes” de liquidación, lo que —según el documento— permitiría aplicar controles preventivos antes del pago.
Las cifras
Uno de los casos más impactantes involucra a Farma Salud S.R.L. En el expediente EX-2025-74046385-APN-DNASS#AND, ANDIS pagó $425 millones por una válvula bicaval transcatéter. El mismo producto había sido adquirido por PAMI a través de una licitación pública por $124,2 millones. La diferencia fue de $300,8 millones por unidad, equivalente a un incremento del 242%.
El informe también apunta a una endoprótesis aortobílica adjudicada a Farma Salud por $369,8 millones. Como referencia, PAMI había pagado previamente $17,85 millones por el mismo insumo. La diferencia ascendió a $351,95 millones, lo que representó un incremento del 1.972%, es decir, casi veinte veces más que el valor abonado por otro organismo estatal.
Otro expediente analizado muestra la compra de una válvula pulmonar autoexpandible por $295,1 millones, mientras que PAMI había contratado el mismo insumo por $36,4 millones. El sobreprecio detectado fue de $258,7 millones, equivalente a un 711% más respecto del precio de referencia.
En el rubro ortopédico, las observaciones sobre Ortopedia Bernat fueron todavía más severas. El documento afirma que la empresa “facturó equipos estándar a precios que duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado”.
Entre los ejemplos detallados aparece el caso de una factura por $12,15 millones que, según el informe, implicó un sobreprecio del 4.239% frente al valor de referencia de mercado. También se detectaron desvíos superiores al 800% en distintos expedientes.
El relevamiento enumera otros casos concretos: facturas de entre $17 y $19 millones por sillas y equipos ortopédicos cuyo valor de referencia nacional era sustancialmente menor.
La auditoría también puso el foco en la relación entre distintas empresas proveedoras. El informe describe la existencia de una “red de interconexión” entre Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., compañías que comparten domicilio legal en San Nicolás de los Arroyos y cuyos directivos mantienen vínculos familiares directos.
“El denominado ‘Grupo Belgrano 609’ exhibe una relación promiscua y directa que vulnera los pilares de la contratación pública”, sostiene el documento. Allí se menciona que Evangelina Ileana García preside Artrobone y que su hijo, Martim Gonçalo Armella, encabeza Imnova y además participa societariamente en la empresa de su madre. Según el informe, ambas firmas manejan 153 expedientes por más de $3.042 millones.
Los técnicos incluso hablaron de una posible “simulación de competencia”, al considerar que distintas firmas vinculadas entre sí habrían presentado presupuestos para dar “una falsa apariencia de legalidad” a los procesos de compra. “Este mecanismo anula la posibilidad de que el organismo acceda a valores competitivos”, advierte el escrito, que menciona expedientes por más de $7.000 millones bajo esta modalidad.
Respecto de Imnova, el análisis señala casos de sillas posturales facturadas en $18 millones cuando el valor de mercado rondaría los $945 mil.
El informe calculó allí un desvío del 1.904%. También se detectaron sillas ultralivianas con sistema Tilt facturadas entre $19 y $21 millones, con diferencias superiores al 2.000% respecto de alternativas nacionales.
El balance económico de la muestra auditada sobre Imnova arrojó un dato contundente: facturación total por $76 millones frente a un valor de referencia de apenas $5,6 millones, una diferencia de más de $70 millones.
El informe también apunta contra BYMAX Medical. Allí se detectó un “sobreprecio consolidado” de $84,1 millones. Uno de los casos citados corresponde a una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones pese a que, según la auditoría, el mismo insumo no supera los $500 mil en el mercado nacional.
En paralelo, se describió una situación considerada de “gravedad” vinculada a una prótesis para amputación destinada a un beneficiario de Río Negro. Aunque el expediente contenía un remito firmado, la auditoría sostuvo que la madre del paciente habría rubricado la documentación “bajo inducción a error” y que el insumo nunca fue entregado.
Sobre Expo Trauma S.A., el Ministerio detectó facturaciones de hasta $18 millones por sillas posturales que en el mercado costarían menos de $1 millón. En otro caso, una silla activa fue facturada en $15 millones cuando existía una opción equivalente de $2,8 millones. El informe calculó allí una diferencia total de $122,7 millones, equivalente al 1.188%.
El informe también puso bajo la lupa inconsistencias vinculadas a los domicilios declarados por algunas de las firmas investigadas. En el caso de Expo Trauma S.A., los auditores señalaron una “singularidad” entre el domicilio operativo informado en Haedo y el fiscal registrado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que motivó nuevas verificaciones sobre la estructura real de funcionamiento de la empresa.
Aunque el documento no afirma de manera expresa que se trate de una dirección inexistente, sí advierte sobre irregularidades societarias y comerciales que, según los investigadores, podrían formar parte de un esquema destinado a dificultar los controles administrativos y la trazabilidad de las contrataciones.
Finalmente, el documento concluye que “la totalidad de los requerimientos terapéuticos pueden ser cubiertos con equipamiento nacional de excelencia” y afirma que el uso de módulos importados con sobreprecios “carece de sustento clínico y financiero”.
En ese contexto, se recomendó remitir las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para denunciar los hechos como “hecho nuevo” en la causa. (AMBITO)