El 5 de marzo de 2021 quedó marcado en la historia de Formosa como una jornada de violencia estatal contra ciudadanos que salieron a manifestarse pacíficamente en las calles.
En aquel entonces, el gobierno de Gildo Insfrán desató una feroz represión contra comerciantes, trabajadores y vecinos que exigían el fin de las restricciones extremas impuestas por la pandemia.
La jornada, que comenzó como una protesta espontánea, terminó con gases lacrimógenos, balas de goma y decenas de detenidos.
El contexto: cuarentena estricta y malestar social
Desde el inicio de la pandemia, Formosa se convirtió en una de las provincias con las medidas sanitarias más severas del país.
Los bloqueos estrictos, las restricciones de movilidad y el encierro prolongado en centros de aislamiento generaron un profundo malestar social.
Comerciantes y trabajadores independientes, ahogados por la crisis económica, comenzaron a exigir la reapertura de sus actividades.
El 5 de marzo de 2021, ante la decisión del gobierno de volver a la fase 1 del confinamiento, cientos de personas se congregaron frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Formosa.
Lo que inició como una manifestación pacífica pronto se convirtió en un escenario de brutal represión policial.
Una represión desmedida
Las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes con un despliegue que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y golpes. Las imágenes de ciudadanos ensangrentados y detenidos arbitrariamente recorrieron los medios nacionales y despertaron una fuerte condena de organismos de derechos humanos.
La Policía de Formosa no solo actuó con extrema violencia en las calles, sino que también realizó detenciones dentro de domicilios particulares, en una clara violación de derechos fundamentales. Periodistas que cubrían la protesta también fueron agredidos, evidenciando un intento de silenciar la difusión de los hechos.
Reacciones y consecuencias
El accionar del gobierno de Insfrán generó un repudio generalizado a nivel nacional. Organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron la represión y exigieron respuestas al gobierno provincial. Incluso desde el propio oficialismo a nivel nacional hubo expresiones de preocupación por lo sucedido.
Sin embargo, a pesar del escándalo y de la condena pública, no hubo responsables sancionados ni cambios significativos en la política represiva del gobierno provincial. El 5 de marzo quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio del abuso de poder y la falta de libertades en Formosa.
Tres años después: ¿qué cambió?
Hoy, al cumplirse tres años de aquella represión, los recuerdos siguen vivos entre los formoseños. Si bien las restricciones sanitarias ya no están vigentes, el control estatal sobre la sociedad sigue siendo motivo de preocupación. La falta de independencia en el Poder Judicial y el dominio absoluto de Insfrán sobre la política provincial mantienen latente el temor a nuevas represiones.
Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos autoconvocados continúan exigiendo justicia y memoria por lo ocurrido aquel día. La impunidad con la que se manejó la represión del 5 de marzo sigue siendo una herida abierta en Formosa, una provincia que, según sus propios habitantes, sigue luchando por recuperar sus derechos y libertades.