Con los votos del justicialismo, la Legislatura sancionó anoche el proyecto de ley impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, que establece cambios en la organización de los tribunales, el funcionamiento del Ministerio Público, la incorporación de nuevas dependencias y la modernización de la administración de Justicia.
También, aprobó la reelección de José Leonardo Gialluca al frente de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
En ambos casos, los proyectos fueron aprobados con los votos de la mayoría justicialista, mientras que los integrantes de los distintos sectores de la oposición votaron en contra de ambas iniciativas. Fueron 22 votos del PJ contra los ocho de la oposición, que también cuestionó que el nuevo nombramiento de Gialluca se haya tratado sobre tablas.
Desde el oficialismo se indicó que con la reforma integral de la Ley Nº 521, Orgánica del Poder Judicial, se busca establecer un nuevo marco de organización y funcionamiento del sistema judicial provincial.
La iniciativa fue presentada por el Superior Tribunal de Justicia y analizada por la Comisión Nº 1 de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que emitió despacho aconsejando su aprobación.
Entre los principales cambios aprobados figura la reorganización territorial de la Justicia, que continuará dividida en tres circunscripciones judiciales, con cabeceras en Formosa capital, Clorinda y Las Lomitas.
Uno de los aspectos destacados es la previsión de una Cámara en lo Criminal para cada circunscripción, con asiento en esas tres ciudades. De esta manera, se plantea una estructura judicial con presencia institucional en el interior provincial.
La propuesta también establece que el Superior Tribunal de Justicia estará integrado por cinco ministros, designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, promoviendo la paridad de género en su composición.
Modernización
La nueva Ley también contempla la creación de Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) en cada circunscripción judicial, tanto para el fuero civil como para el penal. Estas dependencias tendrán a su cargo la coordinación de agendas de los jueces, la fijación de audiencias, las notificaciones y el registro de las audiencias realizadas en el marco de los programas de oralidad.
También, se incorpora formalmente el Centro de Investigaciones Forenses (CIF), que dependerá del Superior Tribunal de Justicia y estará dividido en dos áreas especializadas: el Laboratorio de Medicina Forense y el Laboratorio Criminalístico Forense.
Ministerio Público
La iniciativa también establece una organización diferenciada del Ministerio Público, a través del Procurador General y el Defensor General.
El primero tendrá a su cargo la dirección de la política de persecución penal y la supervisión del trabajo de los fiscales, mientras que el segundo coordinará las defensorías y asesorías para garantizar el acceso a la asistencia jurídica.
El proyecto reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público para desarrollar sus tareas específicas de manera independiente, aunque mantiene en el Superior Tribunal de Justicia las atribuciones financieras y de superintendencia administrativa.
Justicia de Paz
Otro punto relevante está relacionado con el funcionamiento de los Juzgados de Paz de Menor Cuantía y las Delegaciones Vecinales.
El texto propone fortalecer estos organismos como espacios de acceso cercano a la Justicia, con procedimientos orales, sencillos, gratuitos y accesibles, procurando la conciliación y la resolución pacífica de los conflictos.
Además, incorpora una Inspectoría de la Justicia de Paz, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, que tendrá competencia en las tres circunscripciones para coordinar, supervisar y fortalecer el funcionamiento de esos juzgados y de las delegaciones vecinales.
Carrera judicial y régimen disciplinario
La propuesta también establece disposiciones específicas sobre los funcionarios y empleados judiciales. El ingreso, la permanencia, los ascensos y la capacitación del personal estarán sujetos al Reglamento Interno de Administración de Justicia y a las disposiciones que dicte el Superior Tribunal de Justicia.
Asimismo, se incorpora un régimen disciplinario que contempla sanciones como prevención, apercibimiento, multas, suspensión, cesantía y exoneración, según la gravedad de las faltas y las disposiciones correspondientes.
En materia de organización interna, se establecen mayores precisiones sobre las responsabilidades de los secretarios jurisdiccionales, quienes tendrán a su cargo la administración de las dependencias, la supervisión del personal, el control de los plazos procesales y la gestión de expedientes electrónicos. (lamañanaonline)