Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad.
Tras la denuncia sobre presunto fraude en la liquidación de sueldos y viáticos por parte de militar y civiles de la Armada Argentina, la fuerza apartó a nueve militares que estarían involucrados. La estafa, que asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos, implicaría la participación de 23 personas y consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.
Las maniobras se habrían producido entre julio de 2022 y enero de 2026. La investigación interna había estimado inicialmente un perjuicio de $938 millones, pero fuentes navales señalaron que el monto podría llegar a los $1.600 millones.
En ese marco, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. El pase a disponibilidad fue dispuesto de acuerdo con la normativa vigente y tendrá carácter preventivo, hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria de los involucrados.
La fuerza dependiente del Ministerio de Defensa informó el jueves que “dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes”, el cual “tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado.”
Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, ya que su esposa María del Carmen Prieto aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.
En la denuncia iniciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, figuran otras tres personas sin relación con la fuerza naval que también cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, que cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, que percibió $90,4 millones.
Las maniobras investigadas también habrían incluido la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior. En algunos casos se asignaban montos en moneda extranjera por misiones que nunca se realizaban y, en otros, se continuaban pagando viáticos una vez terminadas las comisiones. También se investiga el uso de números de CUIL de personal retirado o dado de baja para realizar “cobros fantasma”.
Otro mecanismo bajo investigación son los llamados “suplementos con retorno”. Según la denuncia, se liquidaban asignaciones por horas extras o especialidades, como buceo, a personas que no realizaban esas tareas. Luego, quienes cobraban debían devolver el 50 por ciento del dinero recibido.
La investigación incluye un episodio que habría ocurrido cuando una teniente de navío detectó las irregularidades. Según trascendió en el edificio Libertad, sede de la Armada, la oficial habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no informara el fraude a sus superiores.
La Armada informó que las actuaciones administrativas se iniciaron luego de que se detectaran “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”. La denuncia penal continúa su curso en la Justicia y la investigación interna sigue aún adelante.
En el comunicado, la Armada menciona su “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre.”(Pagina12)