Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa advirtieron que defender a la Dirección Nacional de Vialidad no implica sostener una estructura burocrática, sino “garantizar la presencia del Estado Nacional donde el mercado nunca va a estar”, así como resguardar el derecho a circular, producir y vivir en cualquier punto del país. En ese marco, denunciaron un “vaciamiento” del organismo que —según afirmaron— pone en riesgo la seguridad vial, la integración territorial y el desarrollo federal.
El pronunciamiento se conoció en la antesala del tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, sostuvo que el caso de Vialidad Nacional evidencia “una violación taxativa, impune y total” por parte del Gobierno a los límites que imponen los otros poderes del Estado y la Constitución Nacional.
Según detalló, pese a que la Justicia y legisladores del Congreso de la Nación Argentina habrían señalado la imposibilidad de avanzar en la destrucción del organismo, el Poder Ejecutivo continúa con medidas administrativas que modifican su estructura y funciones.
Actualmente, la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un proceso de “reorientación institucional” que, en los hechos, implicaría abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas para reconvertirse en un ente enfocado exclusivamente en la planificación, el control y la fiscalización de concesiones. De concretarse ese esquema, el Estado dejaría de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a supervisar la labor de terceros.
Para la Defensoría, este cambio supone “un retiro explícito del Estado” de una función esencial, con impacto directo sobre millones de usuarios de la red vial. En especial, alertaron por las consecuencias en regiones postergadas como el Norte Grande Argentino, donde muchas obras no resultan atractivas para la inversión privada por su baja rentabilidad.
En este contexto, Gialluca solicitó formalmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que se abstengan de impulsar o convalidar cualquier medida que tienda a la disolución, vaciamiento o desnaturalización del organismo.
El funcionario advirtió que no deben adoptarse decisiones que impliquen la eliminación de funciones operativas sustantivas, reducciones estructurales incompatibles con los fines legales de Vialidad o la transferencia de competencias esenciales al sector privado. A su entender, transformar al organismo en un mero ente de planificación y fiscalización desnaturaliza su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la red vial nacional.
Asimismo, sostuvo que estas medidas serían contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio y al deber de preservar el patrimonio estatal, además de afectar el mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal. También alertó que, bajo el nuevo modelo, los usuarios podrían enfrentar peajes “exponencialmente más caros”, consolidando —según expresó— un negocio privado a costa de la seguridad y la vida de los argentinos.
Por último, el ombudsman hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las eventuales consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales derivadas de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad.